En noviembre de 2005 se cumplirán diez años desde la promulgación de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y la desmesurada dimensión de la siniestralidad laboral en España que se pretendía combatir con los mecanismos que arbitra esta ley no ha disminuido, sino que, por el contrario, se mantiene en niveles tales que, si usamos el sentido recto de las palabras, los accidentes de trabajo no deberían denominarse de ese modo, porque la palabra accidente alude a algo no sustancial o a suceso fortuito, excepcional, eventual, pero los daños sufridos por los trabajadores con ocasión o consecuencia de la prestación de trabajo han entrado a formar parte del discurrir ordinario en las relaciones laborales.