SANIDAD DEFIENDE ANTE LA COMISIÓN EUROPEA LA NECESIDAD DE ELABORAR UNA NORMATIVA COMUNITARIA SOBRE SERVICIOS SANITARIOS

El Ministerio de Sanidad y Consumo ha remitido a la Comisión Europea la respuesta a la consulta formulada por este organismo sobre la futura Acción Comunitaria en materia de servicios de salud. Esta consulta va dirigida a recabar las aportaciones de los Estados miembros y de otros agentes implicados en el sector sanitario, incluyendo ciudadanos, asociaciones de pacientes, profesionales sanitarios, proveedores y autoridades sanitarias nacionales y regionales.

En la respuesta, publicada hoy en la página web de la Comisión Europea, el Ministerio incide en la necesidad de abordar los servicios sanitarios desde una perspectiva europea, mediante una legislación comunitaria específica, y con base en principios como la universalidad, la calidad, la equidad, la solidaridad, la seguridad, los cuidados basados en la evidencia y en la ética, la participación de los pacientes y el respeto a la privacidad y la confidencialidad.

Todas estas cuestiones, sobre las cuales se asienta nuestro Sistema Nacional de Salud, están presentes también en el documento europeo “Valores y principios comunes de los sistemas de salud de los Estados miembros” que España comparte plenamente.

PROPUESTA ESPAÑOLA DE ASUNTOS A TRATAR

El Ministerio reconoce la importancia de abordar las cuestiones derivadas de la “movilidad de pacientes” por el territorio de la Unión, aunque considera que la futura Acción Comunitaria no debería restringirse a este asunto.

Por ello, en la respuesta dada a la Comisión, el Gobierno español propone que el marco jurídico europeo sobre servicios de salud debería abordar también temas como los sistemas de información en salud; la coordinación en caso de alertas y emergencias sanitarias; determinados elementos de las políticas de promoción de la salud y de salud pública (como, por ejemplo, las vacunas); las condiciones generales en que se autorizan y acreditan los centros y establecimientos sanitarios (incluidos los servicios de referencia de ámbito europeo); y la consideración de las oficinas de farmacia como servicio sanitario por su especial imbricación en los Sistemas Nacionales de Salud ya que, además de las funciones correspondientes a la conservación, custodia y dispensación de medicamentos, en algunos casos, como el español, participan en la gestión del procedimiento de financiación con fondos públicos de los medicamentos y productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad considera que podrían incluirse los criterios generales comunes con que se elaboran los programas de formación de los profesionales sanitarios (en particular, la formación de postgrado y continuada); los criterios generales comunes para la elaboración de programas nacionales de calidad y seguridad de la atención de salud con algunos elementos mínimos comunes; así como los criterios generales comunes para la elaboración de políticas nacionales activas orientadas a evitar la discriminación en el acceso a los cuidados de salud por razón de género, etnia, cultura o nivel de renta.

MOVILIDAD DE PACIENTES

Sobre el tema de la movilidad de pacientes, que es uno de los más debatidos en la actualidad en el seno de la Unión Europea, el Gobierno español considera que es necesario definir con claridad cuáles son los servicios o prestaciones sanitarias a los que tendrían derecho los ciudadanos europeos en sus desplazamientos a otros Estados miembros, elaborando para ello una Cartera de servicios sanitarios comunes de la Unión Europea.

Del mismo modo, España propone que los países que presten servicios sanitarios a ciudadanos de otros Estados miembros sean rembolsados al coste que esta atención les suponga. El Ministerio considera que los ciudadanos en tránsito no deberían tener mejores condiciones de acceso a los servicios, ni prestaciones complementarias que supongan detracción de medios para los pacientes nacionales. Asimismo, el Ministerio ha propuesto en su respuesta que debería valorarse la conveniencia de establecer un fondo europeo de compensación para asegurar la financiación de aspectos necesarios para una adecuada atención a pacientes extranjeros (como la contratación de intérpretes, por ejemplo).

Como regla general, España considera que los pacientes no deberían desplazarse por propia iniciativa a otros Estados para solicitar un determinado servicio sanitario, sino que debería ser el sistema sanitario emisor el que realice su derivación al receptor. Se trata de asegurar así los derechos de los ciudadanos europeos en materia de salud evitando al mismo tiempo el denominado “turismo sanitario”.

Del mismo modo, España considera que deberían debatirse las condiciones para la derivación entre países, las cuales serían aplicadas por todos ellos por igual, así como la posibilidad de establecer acuerdos especiales para atención de las poblaciones de regiones fronterizas.

SUBSIDIARIEDAD Y AUTORIDAD DE LOS ESTADOS MIEMBROS

El Gobierno español cree que en la elaboración de la futura normativa europea debe primar el principio de subsidiariedad, en cuanto a que la responsabilidad organizativa de los sistemas de salud tiene que depender de los propios Estados miembros. En este sentido, deben establecerse condiciones claras y específicas para que los Estados sepan lo que pueden regular como competencia nacional y aquello que estará sujeto a las normas de mercado interior.

Sanidad cree también que se debería crear un organismo político a alto nivel donde pudieran discutirse estos temas, así como un foro específico de discusión que reúna a las autoridades responsables de Seguridad Social y a las de Salud